Exdirector del centro penal ya se pensionó y otros dos siguen laborando para el Ministerio de Justicia.
Las pesquisas que realizó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el 2020 para desarticular una banda que estafó por más de ₡500 millones a dueños de tarjetas bancarias, relacionaban a tres funcionarios del Ministerio de Justicia como presuntos colaboradores de esa organización criminal. Aunque esa vez se ordenó una indagación administrativa, para los dos de más alto rango ya la causa se archivó.
Los implicados fueron el entonces director de La Reforma, de apellidos Pérez Montero, la directora del módulo D, de dicho centro penal, de apellidos Bocam Mora, así como un policía penitenciario, apellidado Irigoyen Cruz. Los dos primeros nunca estuvieron detenidos y contra ellos la investigación administrativa se archivó, pero al policía sí se le detuvo cuando cayó la banda y la investigación contra él a lo interno del Ministerio sigue activa.
A los tres se les relaciona con la banda de fraudes que dirigía Edwin Alexis Tencio Rodríguez, quien descuenta 43 años de cárcel en La Reforma por homicidio calificado, homicidio simple y hurto. En apariencia, le habrían facilitado comodidades al preso, de apellido Tencio, para la comisión de los delitos. Incluso, Tencio podía moverse de ámbito en ámbito, cada vez que no se sentía cómodo en alguno, o cada vez que se sentía vigilado de más por algún policía penitenciario.
Contra el vigilante se dictaron las medidas cautelares de mantener domicilio fijo e impedimento de salida del país y se pidió al Ministerio reubicarlo en un puesto que no sea laborable dentro de una prisión. Actualmente Irigoyen Cruz labora en otro centro penitenciario.
El Departamento Jurídico del Ministerio de Justicia y Paz confirmó que para el caso de los directores dicha causa fue archivada el 4 de mayo del 2022, tras una recomendación que realizó la Dirección General de Adaptación Social, de modo que solamente sigue abierta la del policía penitenciario, que deberán resolver las autoridades actuales.
Las causas del archivo no fueron divulgadas por Justicia.
Cuatro días antes de terminar la anterior administración se ordenó el cese de esa pesquisa interna, por lo que ahora solamente por la vía judicial se podrían determinar posibles sanciones contra los funcionarios públicos. La investigación administrativa fue ordenada por la entonces ministra de Justicia Fiorella Salazar.
Cuando trascendió el caso, Pérez, el exdirector de La Reforma, fue obligado a tomar vacaciones forzadas en las que estuvo casi medio año. Cuando regresó a laborar el 28 de abril del 2021, pasó a ser el director del Centro de Atención Integral (CAI) San José, más conocido como cárcel de San Sebastián.
“Según la normativa laboral vigente, se hizo un reacomodo horizontal a otro puesto en el que cumplirá las funciones conforme a su nombramiento”, recalcó aquella vez la oficina de prensa de la entidad. Pérez, que tenía más de 32 años en Justicia, se mantuvo en ese puesto hasta que se pensionó en noviembre del 2021.
La mujer de apellido Bocam también fue obligada a tomar vacaciones de las que regresó a trabajar en enero del 2021. A ella se le hizo un traslado administrativo a la Unidad de Repatriaciones mientras avanzan las pesquisas. En la actualidad, el policía Penitenciario sigue prestando sus servicios a la institución, al igual que la funcionaria Bocam Mora, quien se desarrolla en labores atinentes a su propiedad en el Ministerio de Justicia, confirmó la oficina de prensa de esa entidad.
En la vía penal, la causa se tramita según el expediente N.° 19-017027-0042-PE. Al declararse como un caso complejo, avanza de forma muy lenta. La Fiscalía informó de que sigue en la etapa inicial de recolección y análisis de pruebas, aunque la desarticulación ocurrió en noviembre del 2020.
Para sacar esa banda de circulación se realizaron 17 allanamientos en los que se detuvo a 12 personas en Grecia, Turrúcares, Guatuso y el módulo D de La Reforma en Alajuela, así como en Barva de Heredia y en Cartago. El año pasado solo en San José, las estafas informáticas contra la ciudadanía alcanzaron más de ¢4.300 millones. Según el Organismo de Investigación Judicial, cada vez es más difícil desarticular estas bandas, debido a que la tecnología usada en los atracos es muy difícil de rastrear.
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